04 Diciembre 2025

Las manifestaciones a nivel nacional crecen con el descontento de los agricultores y ganaderos por la Nueva Ley del Agua propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, propuesta que ya fue recibida por la comisión de diputados federales la cual fue aprobada por los diputados de la 4T, con los votos en contra de PAN, PRI y MC. Esta pasara al pleno donde todos los diputados votaran se espera que durante el transcurso de la noche o la madrugada se vote esta ley.

Por lo pronto el diputado Federal Nono Corral que representa varios municipios del Noroeste con cabecera en Cuauhtémoc voto a favor, también esta la diputada Mayte Vargas o Teresita de Jesús diputada con cabecera en Juárez donde se están llevando a cabo la mayoría de las protestas.
El 9 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma profunda al marco legal del agua en México. Bajo el título de “Ley General de Aguas”, y con reformas paralelas a la Ley de Aguas Nacionales, el Ejecutivo Federal plantea una transformación del régimen jurídico que regula tanto los servicios de agua potable como el uso productivo del recurso. La narrativa es clara: se busca garantizar el derecho humano al agua y terminar con el uso lucrativo o desmedido de este bien común. Sin embargo, al revisar con cuidado la propuesta, surgen más dudas que certezas.

Para empezar, la ley contiene apenas 45 artículos. Esto no sería grave si el contenido fuera robusto, pero lo que encontramos es una estructura vaga, imprecisa y cargada de postulados ideológicos. En lugar de diseñar un sistema eficiente, financiado y justo, se apuesta por un modelo centralizado, con nuevas cargas para municipios, sin acompañamiento presupuestal, y con mecanismos punitivos que pueden convertirse en herramientas de control político.

Uno de los cambios más graves es la eliminación del régimen de concesiones vigente en la Ley de Aguas Nacionales. La iniciativa propone sustituir los títulos de concesión por “autorizaciones temporales”, discrecionales y revocables por la autoridad federal en cualquier momento. Esto no sólo vulnera la seguridad jurídica de los usuarios actuales, especialmente del campo, sino que transforma el agua de un derecho patrimonial en un permiso precario.

¿El impacto? Agricultores que ya no podrán usar sus derechos de agua como garantía para crédito. Módulos de riego que perderán su autonomía legal. Comunidades rurales obligadas a depender de decisiones administrativas tomadas desde un escritorio en la Ciudad de México. Todo esto bajo el argumento de "justicia ambiental", sin definir criterios técnicos ni compensaciones adecuadas. Afirman conocedores de esta ley